Los seis indicadores utilizados en este análisis para evaluar la calidad del Estado de Derecho en las entidades antes mencionadas son: i) la duración promedio de la tramitación en primera instancia en los juicios civiles, familiares y mercantiles; ii) el respeto a los derechos humanos; iii) la observancia de la ley por parte de los funcionarios públicos;  iv) la asignación presupuestaria de fondos en rubros relativos a la consolidación del Estado de Derecho, como la Procuración de Justicia, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; v) el impacto del delito nos da una radiografía de la eficiencia de las Procuradurías Generales de Justicia en el cuidado del Estado de Derecho; y vi) la percepción de la inseguridad de la ciudadanía, toda vez que es la caja de resonancia de las políticas públicas encaminadas a preservar el Estado de Derecho en el Noreste de México.

El primer indicador (duración promedio de juicios) se construyó con base en un muestreo aleatorio de expedientes de juicios tramitados ante los juzgados del fuero común en materia civil, mercantil (o concurrentes), familiar y mixtos, en cada uno de los tres estados. La duración de los juicios se calculó como el tiempo transcurrido entre la fecha del auto de radicación de la demanda y la fecha de la sentencia definitiva. Se tomaron observaciones de forma aleatoria de cada uno de los estados para calcular los promedios. En el caso de Nuevo León, la información se obtuvo a través del sistema de Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado. Para Coahuila y Tamaulipas, se obtuvo a través de la página del Poder Judicial de dichos estados, y se complementó con información proporcionada directamente por el Consejo de la Judicatura de cada entidad.

Los resultados que se reportan en este indicador incluyen no sólo la media aritmética, sino también la mediana y la moda de dichas observaciones, ya que estos datos permiten hacer conclusiones más precisas sobre la duración de los juicios. La variación en la duración de los juicios se debe a múltiples factores tales como su naturaleza y las pretensiones planteadas.

Finalmente, se incluye en este apartado un análisis sobre la proporción actual (en el año 2007), entre ciudadanos y juzgados de primera instancia en materia civil, familiar, mercantil (o concurrentes) y mixtos por tener estrecha relación con la duración de los juicios.

El segundo indicador evalúa el respeto a los derechos humanos en cada uno de los estados. Como ha quedado establecido en el proemio de este análisis, el respeto efectivo de los derechos humanos es la piedra angular de un Estado Constitucional de Derecho, ya que garantiza que el ejercicio del poder público se circunscriba a los límites que el mismo ciudadano, a través del Constituyente, le ha fijado de forma irreducible en los controles legales establecidos en la Constitución.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos presenta un informe anual de actividades que contiene de forma clara y sucinta diversas estadísticas que permiten evaluar su desempeño institucional, así como contabilizar la cantidad de las manifestaciones ciudadanas respecto a presuntas violaciones a los derechos humanos. Para este indicador, se obtuvieron los Informes Anuales de Actividades de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, elaborados por tales organismos. En el estudio, se reportan las observaciones anuales, así como la media aritmética para el quinquenio de referencia de las siguientes variables: i) solicitudes de intervención, ii) quejas recibidas, iii) quejas resueltas y iv) recomendaciones emitidas. Las cifras anuales permiten ver las tendencias año tras año, mientras que los promedios para el periodo 2002-2006 ayudan a completar un panorama general del grado de protección a los derechos humanos que la entidad analizada ha proporcionado a sus ciudadanos a través del tiempo, eliminando las variaciones circunstanciales que afectarían las observaciones de un solo año.

Finalmente, las variables i) “solicitudes de intervención” y ii) “quejas recibidas”, del año 2005, se dividieron entre el número de habitantes que tuvo registrado cada estado en el año de estudio; ya que era necesario hacer una comparación en términos per cápita para tener mayor certeza en las conclusiones que se derivaran (lógicamente, el número de habitantes incide determinantemente en el número de “solicitudes de intervención” y “quejas recibidas”).

El tercer indicador utilizado en este análisis es la observancia de la ley por parte de los funcionarios públicos. La probidad en el ejercicio de la función pública es un elemento constitutivo de un verdadero Estado de Derecho y, evaluarla de forma fidedigna es una tarea de inmensurable importancia. Para ello, se utilizó la información proporcionada por la Contraloría Interna del Poder Ejecutivo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En estas entidades se aplicaron cuestionarios directos a los titulares de las dependencias. Las variables analizadas en este indicador son: i) el número de funcionarios sancionados, y ii) el número de funcionarios inhabilitados. Las cifras de estas variables se presentan y comparan de forma anual, así como el total del quinquenio 2002-2006.

El cuarto indicador de este análisis es la disponibilidad presupuestaria para la procuración del Estado de Derecho, que se materializa dentro de los rubros presupuestales de: Procuración de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública, y la partida para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La suma de estos rubros se engloba bajo el concepto “Gasto en Procuración del Estado de Derecho”, lo cual permite hacer una comparación, primero entre las tres entidades estudiadas, y después entre cada rubro por separado. Las cifras para este indicador provienen del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2005 y 2008 publicados en el periódico oficial de cada Estado.

Los montos presupuestados se analizan y comparan desde tres perspectivas: i) la cantidad para cada rubro (Procuración de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública, y la partida para la Comisión Estatal de Derechos Humanos) y para el “Gasto en Procuración del Estado de Derecho”, ii) el porcentaje que representan cada rubro y el “Gasto en Procuración del Estado de Derecho”,del total del presupuesto y iii) la cantidad presupuestada en cada rubro y la cantidad destinada para el “Gasto en Procuración del Estado de Derecho” per cápita. Las cifras per cápita facilitan y hacen más válida la comparación entre los estados, ya que la efectividad de los montos absolutos varía de acuerdo al factor poblacional.

El porcentaje del presupuesto dedicado a estos rubros deja entrever la prioridad que se da a la procuración del Estado de Derecho en cada estado y las cifras per cápita la hacen comparable entre las entidades que tienen diferente población y demás factores socio-económicos, culturales y políticos.

Finalmente, se analiza el crecimiento real del gasto en cada uno de los rubros entre los ejercicios del 2005 y 2008, tanto en términos totales como per cápita. Este último indicador permite analizar el cambio en la política presupuestaria en los últimos años y la prioridad que se le ha dado en términos monetarios.

En cuanto al quinto indicador, se recopiló y analizó los datos oficiales solicitados a las dependencias del ramo. Se tomó en cuenta la forma de gobierno federal en el cual vivimos y, por ello se requirió la información de aquellos delitos competencia de la Procuraduría General de la República, complementándola con los datos proporcionados por las Procuradurías Generales de Justicia Estatales. 

Por último, el indicador de percepción de la inseguridad busca mostrar el sentir de los habitantes del noreste mexicano en cuanto a su seguridad para realizar sus actividades cotidianas sin temor a ser victima de un crimen y, a los empresarios llevar a cabo sus nversiones en las Entidades Federativas señaladas, con la certeza de que el Estado garantizara el cumplimiento de la ley.